El impacto del COVID-19 a nivel mundial alcanzó también a las empresas de transporte público, debido a la disminución de la demanda y las restricciones de aforos que impusieron los gobiernos para contener la propagación de la pandemia, pese a que los operadores de rutas urbanas continuaron brindando el servicio, que era fundamental para la movilización del personal de salud, los ingresos se vieron reducidos en un porcentaje significativo.

Agravándose así los problemas que presentaba este sector, debido a la afectación de los ingresos, tanto por la disminución de usuarios como por la migración a modelos de movilidad sostenible, para evitar la posibilidad de contagio. Un escenario que condujo al cierre de empresas del rubro.

En el caso específico del Metropolitano, un sistema autosostenible, la reducción de pasajeros cayó un 85.41% en las dos semanas posteriores al inicio del Estado de Emergencia, según datos del área de Operaciones de Lima Bus Internacional. La disminución de usuarios entre ese periodo y la cuarta semana de junio fue de 78%, según un boletín del Instituto Peruano de Economía (IPE). Una situación que comprometió la prestación de este servicio de transporte, tan importante para Lima, y de la que no están exentas las rutas de transporte formales que operan en la ciudad.

Además, la recuperación del sector no es alentadora a mediano plazo. De hecho, un 75% de los usuarios del Metropolitano aseguraron que tras la pandemia no usarían este medio de transporte, según una encuesta del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos. Un escenario que hace necesario que se produzcan cambios en las políticas de transporte.

En ese sentido, un informe respaldado por la ONU insiste en la necesidad de una transformación del trasporte público post COVID-19, para que este sea más amigable con el medio ambiente. Un cambio que llegaría con la inclusión de carros eléctricos, permitiéndole a los países avanzar hacia economías verdes y que podría generar 15 millones de empleos.

“Perseguir el objetivo de una sociedad ambientalmente sostenible e inclusiva requiere una transformación estructural de la economía“, aseguró Catherine Saget, líder del equipo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que participó en el informe, quien aseveró que la transformación, que incluiría al sector transporte, “tiene el potencial de crear trabajo decente y proteger a los trabajadores y sus familias, si va acompañada de políticas adecuadas”.

El estudio destaca que la circunstancia representa oportunidades para transformar el sector transporte, haciéndolo más verde, saludable y sostenible. Y en él se hace un llamado a los gobiernos para tomar acción en el tema y realizar inversiones en medios de transportes amigables con el medio ambiente.